Construcción del Enfoque de Democratización Familiar

 

UNA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA 2001-2004

El proceso de construcción comenzó con una propuesta del PNUD, que elaboramos conjuntamente con Clemencia Muñoz cuando ella era representante residente adjunta del programa, entre mayo y agosto del 2001, y cuyo objetivo se vincula con los intereses tanto de este como de INMUJERES, de asegurar el cumplimiento de los compromisos Internacionales firmados por México: el protocolo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los acuerdos de Belem Do Pará y los objetivos nacionales que se había planteado INMUJERES (coordinar una política nacional de prevención de violencia familiar). 

El gobierno mexicano federal y los gobiernos estatales establecieron programas de atención a las víctimas de violencia, particularmente mujeres y niños y niñas, se organizaron registros de información de los casos atendidos y, en algunos estados, sistemas de seguimiento de los casos. Se creó una norma mexicana en la Secretaría de Salud con el objetivo de identificar, en centros de salud, casos de violencia; además se desarrolló una mayor especialización en temas de violencia hacia la mujer y en la familia en las oficinas de atención a víctimas de la Procuraduría General de la República (PGR), y se promovieron leyes estatales para la atención y prevención de este tipo de violencia. En algunos estados, además, se crearon unidades especializadas de atención y albergues para el refugio de las víctimas. 

Se hicieron avances de gran importancia en la atención a las víctimas de violencia, mujeres y niños en mayor medida, pero no se logró articular una acción preventiva primaria que tuviera un impacto cultural de largo alcance. Es decir, no se vinculó la política de equidad de género con la prevención de la violencia, una de cuyas vertientes es constituir un sistema transversal de programas que cruce las distintas políticas sociales, a fin de tener impacto en la redefinición de los valores sobre la familia en la población, aquellos valores que mantienen en pie la desigualdad y la violación de derechos en la intimidad. Redefinir la cultura de familia significa una meta de largo alcance, que implica consolidar relaciones democráticas en la vida pública y privada simultáneamente. 

Esto significó, para nuestro proyecto, desarrollar programas de capacitación que brindaran una concepción amplia de familia, que contemplara la diversidad de sus configuraciones y que invite a reflexionar sobre las relaciones que construimos y que reproducimos de subordinación de género, autoritarismo e intolerancia e injusticia intergeneracional, dimensiones que son inseparables de la práctica cotidiana de las familias y que constituyen las raíces de la violencia. 

El enfoque de democratización familiar implica la corresponsabilidad de cada miembro de la familia para la sobrevivencia y el cuidado del grupo, el respeto a los derechos humanos de cada uno, la visualización de las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores como sujetos de derecho, favoreciendo relaciones familiares en condiciones de equidad entre géneros y generaciones. 

Un sistema de autoridad familiar basado en la democracia favorece la resolución negociada de conflictos, un sistema disciplinario de apoyo al crecimiento de sus miembros y la posibilidad de que la autoridad sea ejercida indistintamente por mujeres y hombres. Las relaciones de género y poder en las familias se confrontan con las nuevas necesidades de participación económica y social de las mujeres, con la multiplicación de los generadores de ingresos en los hogares y con la paulatina desaparición del patrón de proveedor único en las familias.  

Los esquemas culturales que perpetuaron la desigualdad de género y el autoritarismo en la dinámica psicosocial de las familias están siendo desafiados con estos cambios. Pero no aparece una oferta cultural legítima que proponga alternativas de relaciones basadas en vínculos más equitativos y democráticos, que apelen a la justicia y la corresponsabilidad. Hay nuevas relaciones de pareja y familia entre jóvenes, y en las parejas de mediana edad también se visualiza una mayor participación de las mujeres en algunos tipos de decisiones, y una creciente participación de los hombres en la esfera doméstica, así como nuevos conflictos vinculados con esas nuevas interacciones.  

El proyecto Propuestas para una Convivencia Democrática en la Familia se organizó con el fin de construir una estrategia de intervención en políticas públicas para que a través de estas se coadyuve a la prevención de la violencia familiar.

El proyecto se constituyó en experiencia piloto y se propuso trabajar con ejecutores y diseñadores de políticas sociales, para diseñar caminos que tendieran a procurar la equidad de género en las relaciones familiares; relaciones de convivencia, respeto, cooperación y justicia entre las generaciones; de paz y respeto a los derechos humanos. Los programas e institutos estatales de la mujer y de equidad de género fueron los articuladores del proyecto en cada estado.

Descargar: Leyes Internacionales y Nacionales en materia de Erradicación de la Violencia de Género

Necesidad de Programas de Prevención de la Violencia de Género

 

 

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